La construcción del Estado social en el nuevo marco estatutario

La apertura de la “segunda fase estatuyente”, en la que aún nos hallamos inmersos, abre el interrogante sobre la continuidad del poder central en las tradicionales esferas del Estado del Bienestar. La jurisprudencia constitucional que acota y circunscribe las competencias estatales está generando un mayor afianzamiento de las Comunidades Autónomas en los ámbitos materiales más conectados con el Estado social. Las reformas estatutarias aprobadas recientemente suponen una evidente consolidación de la presencia autonómica en tales esferas.  

De una parte, porque los Estatutos recién reformados incorporan la importante novedad de incluir un catálogo de derechos y principios rectores de actuación de los poderes públicos que, como pone de manifiesto singularmente el Estatuto andaluz, inciden sobre todo en la esfera de lo social. Antes que considerar esta innovación como contraria a la Constitución, entendemos que con ello el Estado Autonómico no viene sino a proseguir la estela marcada por los Estados federales de nuestro entorno, en donde es habitual que la norma institucional básica de los Estados miembros acoja un listado de derechos.  

Por otro lado, la reafirmación de la posición autonómica en el diseño e implementación del Estado social se proyecta en el modo en que los nuevos Estatutos delimitan las competencias autonómicas. El examen pormenorizado de la jurisprudencia constitucional recaída sobre aquellas materias más estrechamente conectadas con el Estado de Bienestar pone de manifiesto que algunos estatuyentes –entre ellos, el andaluz- han apurado prácticamente al máximo las posibilidades que ofrece el marco constitucional. Sencillamente, con la doctrina constitucional hoy existente, no puede avanzarse más en la asunción de competencias que, inmediata o mediatamente, sirvan para impulsar y desarrollar el Estado Social.